VISION DE LAS POLITICAS CULTURALES EN EL PERÚ

Por Guillermo Cortés

Es frecuente escuchar que, en el Perú, no existen políticas culturales, es decir, no existe intervenciones con el objetivo de promover el desarrollo simbólico y satisfacer las necesidades culturales de la población. Esta afirmación tiene sentido si entendemos por "políticas culturales" a las "políticas culturales del Estado". Bajo esta concepción, el Estado, a través de la institucionalidad cultural pública, se convierte en el "agente decisorio" del desarrollo cultural del país. En ese sentido, la progresiva disminución de su presencia en la actividad cultural y el cada vez mayor alejamiento de sus funciones y responsabilidades en materia cultural nos reafirmarían en la idea inicial.

Pero no podemos negar que el Estado está desarrollando una acción cultural, que se ha concentrado, en los últimos años, esencialmente, en la administración de la precaria institucionalidad cultural pública y del patrimonio histórico-arqueológico, dejando de lado otros ámbitos y sectores de la cultura, o delegando sus responsabilidades al mercado, a la sociedad civil o a otras entidades públicas que no necesariamente tienen funciones en materia cultural. Esta postergación es frecuentemente explicada, entre otras razones, por los escasos recursos que el Estado invierte en cultura, debido a la imperiosa necesidad de enfrentar otros temas de mayor importancia.

Esto ha servido de justificación a la reiterada ausencia del tema de la cultura en las agendas de gobierno o al incumplimiento de las promesas electorales ofrecidas al sector. Pero si tomamos en cuenta que las acciones que conlleva una política cultural pueden ser de "intervención" o de "no intervención", debemos considerar las abstenciones, los retiros voluntarios o cualquier otra modalidad por la que se exprese una "no intervención", como una toma de decisión consciente y una manera de hacer política. De ahí que no podríamos afirmar categóricamente la inexistencia de políticas culturales (del Estado).

POLÍTICA E IRREALIDAD
Sin embargo, podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿son estas las políticas culturales que impulsarán nuestro desarrollo cultural? Si partimos de la noción de cultura que actualmente maneja el Estado, no hay duda que las políticas que este genera no se reflejan en la realidad de un país como el nuestro, donde, por ejemplo, la diversidad cultural reclama reconocimiento y revaloración, no solo en el discurso político, sino en la práctica cotidiana de construcción de ciudadanía, convivencia y democracia.

Entonces, ¿qué implica la construcción de políticas culturales y cuál es rol que debe cumplir el Estado en este proceso? Comencemos por afirmar la urgente necesidad de insertar el tema de la cultura en la agenda pública, bajo el entendido de que es un factor de desarrollo y que su incorporación como componente clave de cualquier estrategia que se establezca para alcanzarlo resulta indispensable. No está demás insistir en que la noción de desarrollo a la que apelamos no implica sólo crecimiento económico, aunque no podemos negar que la cultura contribuye con este o proporciona a la sociedad un gran potencial para alcanzarlo. La construcción de políticas culturales supone mayor visibilidad e independencia de la cultura en el espacio público, reconociendo su transversalidad y complementaridad con otros sectores, y no la subordinación a ellos.

En este marco, el Estado debería cumplir el rol de facilitar y promover la construcción de políticas culturales. Ello se puede lograr generando los mecanismos que permitan la participación de los diversos agentes culturales y sociales como interlocutores capaces de comunicar sus demandas y de formular las estrategias para satisfacerlas. Ello supone impulsar una participación descentralizada respetuosa de la autonomía y de las particularidades locales, que propicie el fortalecimiento de las capacidades de los individuos y grupos para lograr la gestión de su desarrollo cultural.

El Estado debe concebir a la cultura como un elemento esencial de su composición, como un espacio fundamental de participación ciudadana, y no como un elemento secundario ni como un ornamento del desarrollo que el país intenta alcanzar. Por ello, debe asumir el reto de pasar de la idealista visión de la multiculturalidad y de la pragmática folclorización de la cultura a la concepción de la cultura como un espacio de construcción de la interculturalidad, que permita el reconocimiento de las diferencias, donde las culturas regionales y locales, y las nuevas modalidades de creatividad y expresión cultural puedan convivir y enriquecerse mutuamente.

El Estado debe propiciar los mecanismos de articulación con y entre el mercado y la sociedad civil bajo el entendido de que ninguno de ellos puede prescindir de los otros cuando se trata del desarrollo cultural. Esto no supone delegar responsabilidades y funciones, sino, más bien, lograr complementariedad entre los diversos agentes culturales teniendo en cuenta que cada uno de ellos cumple roles específicos.

Sin lugar a dudas, el Estado tiene un rol fundamental en la construcción y ejecución de políticas culturales. Para que ello se dé, es indispensable que cuente con instituciones e instancias capacitadas, funcionales, competentes en los diversos ámbitos involucrados en el desarrollo cultural del país y, al mismo tiempo, adecuadamente articuladas con los otros sectores del Estado.

EL CAMINO DE LA PARTICIPACIÓN

No podemos olvidar, sin embargo, que, en la construcción de políticas culturales, es indispensable la participación de los creadores, profesionales y gremios de la cultura, como sindicatos, asociaciones o colec­tivos de artistas de teatro, productores de televisión, cineastas, músicos o editores.

Si bien estos agentes han mantenido su apuesta por el desarrollo cultural del país, creando y produciendo, no han podido constituir un movimiento organizado y cohesionado que cuente con una agenda concertada y con herramientas que les permita entablar diálogos fluidos con otros interlocutores, particularmente con el Estado.

Esto es notorio cuando comprobamos que los agentes del sector cultural, al igual que otros colectivos sociales, han depositado en el Estado la prerrogativa de la formulación y ejecución de políticas culturales. Esta situación sería otra si los agentes del sector asumen un rol activo que parta de la premisa de que la inserción de la cultura en la agenda pública y su incidencia en otras políticas públicas y privadas dependerá de su capacidad de elaboración y presencia social.

La construcción -participativa y descentralizada- de políticas culturales en el Perú implica un gran reto y una acción que no puede esperar más. No será la bonanza económica la que propicie el desarrollo cultural del país, tal como se suele pensar. Cuando en un país las grandes mayorías aún viven en la pobreza, cuando las personas están afectadas por las desigualdades, cuando vivimos en un país confrontado, es precisamente cuando hay que intervenir en cultura, porque ello significa invertir en tolerancia, en diversidad, en creatividad y en desarrollo.

Hoy más que nunca, construir políticas culturales supone la posibilidad de iniciar procesos transformadores de la realidad, implica la posibilidad de formular un proyecto como país que no se focalice sólo en el crecimiento económico, sino en la construcción de democracia, convivencia y ciudadanía, desde y hacia adentro.